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Escrito por: Tomado de Internet

En lugar de reducirla como lo desea la Administración Trump, se dispararía a niveles colosales

La orden ejecutiva que niega la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos de padres indocumentados y de residentes legales temporales, tales como estudiantes y diversas categorías de trabajadores extranjeros y turistas, incrementaría el número de inmigrantes sin estatus en lugar de reducirla como lo desea la Administración Trump.

“Dado que nacerían niños en Estados Unidos sin estatus legal, al no gozar de la ciudadanía por derecho de nacimiento, la población inmigrante no autorizada, aumentaría en 2.7 millones de personas adicionales en los próximos 20 años, y en 5.4 millones a lo largo de 50 años”, dijo Julia Gelatt,  directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos del Migration Policy Institute durante la videoconferencia “Consecuencias imprevistas de la prohibición de la ciudadanía por nacimiento”, organizada por American Community Media (ACoM).

En su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que niega la ciudadanía estadounidense fundamentalmente a los hijos de inmigrantes indocumentados. La Corte Suprema escuchó los argumentos orales el 1 de abril que impugnan dicha prohibición, y se espera que emita un fallo en junio.

Gelatt destacó que los hallazgos del Migration Policy Institute arrojan que la orden de Trump en lugar de reducir el tamaño de la población inmigrante no autorizada, lograría precisamente lo contrario.

“Estimamos que, en promedio, unos 255,000 niños iniciarían cada año su vida en Estados Unidos sin contar con un estatus legal”.

Si bien, externó que algunos podrían optar por abandonar el país; y otros lograr regularizar su situación, todos habrían tenido esa experiencia inicial de carecer de un estatus legal.

“La realidad más profunda de este escenario es que la derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento daría origen a una clase social excluida a lo largo de varias generaciones”.

Explicó que esto significa que los niños crecerían en Estados Unidos sin acceso a Medicaid, a asistencia alimentaria ni a otros beneficios públicos; cuando atravesaran momentos de necesidad y adversidad.

“Tendrían un acceso limitado a la educación superior; y crecerían sabiendo que no pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Esto daría lugar a aspiraciones educativas más bajas, pues qué sentido tendría esforzarse por obtener un título universitario o de posgrado si no se puede utilizar para ejercer una profesión”.

‘Una cifra colosal’

Hiroshi Motomura, profesor en la Facultad de Derecho de la UCLA, dijo que uno de los aspectos que están en juego con este decreto presidencial es regresar a una mentalidad según la cual este país no debería ser un lugar para todos, sino únicamente para un grupo relativamente reducido de personas.

Indicó que el número de individuos que podrían perder su ciudadanía como consecuencia de este decreto ejecutivo se cuenta por millones, una cifra colosal.

“En ese sentido, considero que este es uno de los casos más monumentales e importantes que la Corte Suprema de Estados Unidos ha visto en la historia moderna”.

Dijo que la orden ejecutiva establece que una persona no es ciudadana a menos que tenga un progenitor que sea ciudadano o residente permanente legal.

Por lo tanto, privará de la ciudadanía a las personas indocumentadas que tienen hijos; y a quienes sus padres tal vez se encontraban cursando estudios de posgrado durante varios años en Estados Unidos.

Asimismo, dijo que afectaría a quienes se hallaban en el país bajo algún tipo de estatus laboral, por períodos de cinco, siete años, o incluso más tiempo, potencialmente.

“Si la Corte Suprema decidiera redefinir el concepto de ciudadanía en el marco de la 14.ª Enmienda, tendría un efecto retroactivo; es decir, que esta medida afectaría a millones de personas en la actualidad y en el futuro”.

En consecuencia, dijo que se trataría de personas que pasarían a ser miembros de segunda clase dentro de la sociedad.

Los aportes de los beneficiarios

El doctor Phillip Connor, investigador asociado del Centro de Migración y Desarrollo de la Universidad de Princeton, dijo que sus colegas y él, cuantificaron los aportes que los beneficiarios de la ciudadanía por derecho de nacimiento han realizado a lo largo de los últimos años.

“Nuestro enfoque se basa en los datos y encuestas existentes de la Oficina del Censo de Estados Unidos”.

Precisó que, al realizar este análisis, descubrieron que, básicamente, cerca de dos tercios de esa población a la que se pretende despojar de la ciudadanía, trabajan o trabajarán en ocupaciones que, por lo general, exigen haber cursado al menos algún nivel de educación universitaria”.

Dijo que esto pone de manifiesto su capacidad para lograr avances significativos en el ámbito de la educación postsecundaria —en su calidad de ciudadanos estadounidenses.

“Se trata de logros que, probablemente, les estarían vedados de no contar con la ciudadanía estadounidense”.

En términos absolutos, dijo que la cifra total de trabajadores beneficiarios asciende a 3.1 millones; de ellos, aproximadamente 2.1 millones —es decir, cerca de dos tercios, se desempeñan en ocupaciones que consideramos de mayor cualificación, en la medida en que requieren un nivel educativo más elevado.

Dijo que estiman que dichas poblaciones, aportarán al menos $7,700 millones en ingresos a la economía estadounidense a lo largo de ese siglo.

“Representa una cantidad enorme de contribuciones a la economía”.

No obstante, expuso que, si la ciudadanía por derecho de nacimiento se viera afectada, habría una pérdida potencial de esos $1,000 millones, así como la posible pérdida de cerca de 400,000 trabajadores en ocupaciones que requieren algún tipo de educación universitaria.

El impacto en la salud

Xiao Wang, presidente, cofundador y presidente de la compañía Boundless Immigration, dijo que la prohibición de la ciudadanía por nacimiento no se limita a modificar una norma jurídica, sino que transforma la manera en que las personas talentosas de todo el mundo conciben la posibilidad de construir una vida en Estados Unidos.

“Conlleva consecuencias sumamente perjudiciales a largo plazo. Si usted es un trabajador altamente cualificado, y se encuentra decidiendo dónde construir su futuro y el de su familia, no se limitará a considerar el salario, el cargo o la institución; se planteará una interrogante de mayor trascendencia: ¿podré construir una vida estable en este lugar? ¿Podré criar a mi familia aquí? ¿Estarán seguros mis hijos en este entorno?”.

Comentó que, para muchas familias, el mensaje implícito en esta orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento es que aún si usted ingresa al país por vías legales, trabaja con ahínco y cumple al pie de la letra con todos los requisitos que Estados Unidos le exige durante este proceso, el futuro de sus hijos en este país podría seguir siendo incierto.

“Si centramos nuestra atención, por un momento, específicamente en la atención sanitaria en las zonas rurales, observamos que la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos (Association of American Medical Colleges) proyecta que para el año 2036, el país podría enfrentar un déficit de médicos de hasta 8,000 profesionales”.

Al mismo tiempo, reveló que los inmigrantes representan más de una cuarta parte del total de médicos que ejercen su labor en los hospitales de Estados Unidos.

“Una escasez que resulta aún más urgente y generalizada en las zonas rurales de Estados Unidos, donde un análisis realizado en 2025 reveló que, si bien los inmigrantes representan solo el 5% de la fuerza laboral mundial total, constituyen el 14% de los médicos y cirujanos en la América rural; esto supone casi el triple de su proporción demográfica”.

Por lo tanto, dijo que los primeros lugares en resentir esta escasez no serán necesariamente los acaudalados sistemas hospitalarios urbanos, sino más bien esos hospitales rurales que ya luchan por reclutar personal.

“Serán esas residencias de ancianos que no logran encontrar suficientes auxiliares, así como los proveedores de cuidados a largo plazo que deben decidir si pueden dotar de personal de manera segura a un nuevo conjunto de camas o alas de sus instalaciones”.

Dijo que serán precisamente esos estadounidenses de edad avanzada, esos ciudadanos con discapacidad, esas familias y esos pequeños pueblos de las comunidades rurales quienes cargarán con tiempos de espera más prolongados para acceder a los proveedores de salud y una atención médica más precaria.

“Esta administración está perjudicando simultáneamente el corto plazo mediante la reciente imposición de una tasa de $100,000 asociada a las solicitudes de visado H-1B tramitadas desde el extranjero; uno de los principales canales para que los médicos foráneos puedan venir a ejercer su profesión en los Estados Unidos”.

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https://laopinion.com/2026/04/14/orden-que-niega-ciudadania-por-nacimiento-aumentaria-migracion-indocumentada/