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Escrito por: Tomado de Internet

La moción aprobada por la Junta de Supervisores limita el acceso de los agentes de inmigración a los datos de los automovilistas

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó una moción que refuerza la supervisión de los datos recopilados por los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) utilizados por el Departamento del Sheriff.

La moción presentada hace unos días por la supervisora Hilda Solís, tiene como objetivo limitar el acceso de los agentes federales de inmigración a los datos que identifican los lugares de conducción de los angelinos.

Una de las finalidades más importantes de la medida, es que fortalece las leyes existentes que prohíben a las autoridades locales divulgar datos de matrículas de los conductores a agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), si es que no se presenta

una orden judicial adecuada.

La aprobación de la medida se produce mientras las redadas continúan en el sur de California.

Según un informe de agosto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el mes de junio se ha arrestado a un poco más de 4.000 personas.

Aunque DHS informó de una desaceleración en los arrestos, las operaciones de deportación han persistido. Es por eso que más allá de conocer sus derechos y el temor de ser detenidos, los angelinos se han preocupado por las posibles violaciones de su privacidad, como el posible intercambio de datos personales con las agencias federales.

“La Administración Trump está aplicando una política de inmigración que ha creado miedo, trauma e inestabilidad en nuestras comunidades”, dijo Supervisor Solís. “Los negocios pequeños están sufriendo. La gente tiene miedo de ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o viajar en transporte público.

Según Los Angeles Times, el Departamento del Sheriff opera actualmente 366 aparatos de lectura de matrículas fijos y 89 móviles. Estos dispositivos se utilizan para recopilar datos sobre millones de vehículos y se usan para localizar vehículos robados, sospechosos de delitos o personas desaparecidas. Sin embargo, el departamento ha declarado que no comparte estos datos con ninguna agencia federal sin un propósito legítimo.

Un informe de CalMatters, citado en la moción de Solís, revela que personal de diferentes agencias del orden en el sur de California, incluida la policía de Los Ángeles, habían infringido la ley estatal al compartir datos del ALPR con agencias federales en más de 100 ocasiones en un solo mes, lo que llevó a los funcionarios a buscar formas de proteger aún más a los más vulnerables de sus comunidades.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, declaró al LA Times que la agencia cuenta con múltiples recursos a su alcance para garantizar el cumplimiento de la ley federal en Los Ángeles y en todo el país.

“Los esfuerzos de estos políticos defensores de los santuarios para impedir que el Departamento del Sheriff coopere con el ICE son imprudentes y no disuadirán al ICE de hacer cumplir la ley”, afirmó McLaughlin.

En un esfuerzo por aumentar la transparencia, esta nueva moción exigirá al Departamento del Sheriff que informe de cualquier solicitud de datos a la Oficina del Inspector General y a la Comisión de Supervisión Civil.

Aunque la moción fue aprobada con el apoyo de la mayoría de la junta, la supervisora Kathryn Barger votó en contra. Citó sus preocupaciones sobre un proyecto de ley similar que limita la retención de datos a 60 días.

Al final de la cesión, la supervisora Solís subrayó que, como la única representante latina del condado e hija de migrantes, las redadas le afectan profundamente a nivel personal es por eso que subrayó que seguirá buscando de qué forma puede mejorar la seguridad de las familias inmigrantes.

“Seguiré luchando por políticas que protejan a nuestras familias, exigiendo responsabilidades a las agencias del orden”, explicó Solís. “Garantizando que el condado de Los Ángeles sea un lugar donde todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, se sientan seguras y apoyadas”.

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